"A formar vigilantes... de la libertad"
A diez años, las lecciones del caso de las carpetas
Entrevista con Migdalia Fraticelli Torres
Realizada por Mary González Nieves
Diálogo, octubre de 1997
Cuando hace diez años se descubrió que efectivamente la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de justicia mantenían por décadas una persecución sistemática en contra de los independentistas, la sociedad puertorriqueña reaccionó con una mezcla de sentimientos que fluían entre la indignación y la perplejidad.
De aquel proceso se recordará el papel destacado que jugó el "fiscal del pueblo" y ex legislador independentista, David Noriega. Otras mochas personas fueron piezas clave en la tarea de desarticular el aparato represivo de las "carpetas". Una de ellas es la licenciada Migdalia Fraticelli Torres, quien fue responsable de devolver los documentos a miles de personas afectadas.
Para Fraticelli, ex Directora Ejecutiva del Centro pares la Disposición de Documentos Confidenciales en Poder de la Policía y el Departamento de Justicia, la asignación fue "muy dolorosa".
En el Centro de Entrega de Documentos se lloró mucho de indignación, de tristeza, pero también de alegría porque "ayudamos a crecer al país", sostuvo.
A pesar del civismo demostrado por la sociedad, Fraticelli recalcó que todos los ciudadanos tienen la obligación de mantenerse en "alerta" para que este tipo de suceso jamás vuelva a ocurrir. Para ella, la clave está en que cada ciudadano se convierta en "vigilante de la libertad".
Fraticelli quien boy se desempeña como profesora de Derecho en la Universidad Interamericana, hizo un especial llamado a los empleados públicos pares que no tengan miedo de denunciar si su agencia está utilizando información pares hacer daño a particulares.
El descubrimiento de esta práctica comenzó en junio de 1987. Declaraciones de un ex agente de la División de Inteligencia de la Policía motivó la develación de uno de los actos más nefastos en la historia de Puerto Rico y que consecutivamente había sido avalado por todos los gobiernos que ostentaron el timón del gobierno. De hecho, fueron primero los independentistas, en especial a través del semanario Claridad, quienes por años denunciaron estas actividades represivas, pero nadie tomaba como ciertas esas acusaciones.
El tiempo les dio la razón.
Vale recordar que en septiembre de 1987 el Superintendente de la Policía de entonces [Carlos López Feliciano] notificó al Tribunal Superior la existencia de un total de 16,557 carpetas individuales y no individuales con un total de 19,428 volúmenes (o sea, que muchas carpetas tenían varios volúmenes); y del 35,188 tarjetas o referencias o clasificaciones en el “Tarjetero Central”.
Fraticelli dijo que el tarjetero central fue crucial pues "a11í se iniciaba el proceso de identificación y seguimiento y fichaje continuo" a personas, organizaciones y entidades "que no favorecían el gobierno establecido". Indicó que de esas 135,188 tarjetas, unas 74,500 pertenecían a individuos y 60,700 a agrupaciones o actividades "clasificadas", como lo son las conmemoraciones del Grito de Lares, la invasión de los estadounidenses por Guánica, y protestas laborales y estudiantiles, entre otros.
Durante buena parte del siglo XX la Policía y otras agencias confeccionaron expedientes de personas "calificadas por la Policía como de naturaleza subversiva, comunista, socialista, sindicalista y religiosa". La misma suerte corrían personas que participaban en marchas, piquetes, caravanas, recibimientos o despedidas en aeropuertos, motives, protestas estudiantiles, reuniones y asistencia a funerales de simpatizantes políticos, según resumieron los comisionados judiciales, Abrahán Díaz González y Angel Manual Martín. Ambos fueron designados por el Tribunal Superior pares supervisar la devolución de los documentos en agosto de 1989.
El número de personas y organizaciones que fueron objeto de acusaciones anónimas y persecuciones, incluyó todo el espectro de nuestra sociedad: representantes y senadores, ejecutivos gubernamentales, fiscales, jueces, líderes religiosos y obreros, profesores universitarios, artistas, artesanos, médicos, abogados, maestros, estudiantes y periodistas.
La labor del Centro era notificar a cada una de estas personas fichadas pares que fueran a recoger sus expedientes. Sin embargo, "no logramos entregar todas a pesar de que hicimos lo imposible para ello", reveló Fraticelli.
Ni siquiera las miles de cartas certificadas ni los cientos de edictos ni la publicidad que por cuatro años se publicaron en los periódicos surtieron el efecto deseado. Unos siete mil afectados se quedaron sin recibir sus carpetas.
La Directora Ejecutiva del Centro informó que entregaron un total de 6,608 carpetas de la Policía y 952 de los expedientes del Negociado de Investigaciones Especiales. También se entregaron 24,056 tarjetas del tarjetero central. No obstante, para Fraticelli lo más significafivo fue que de un total de cuatro millones de folios (memorandos) que hizo la Policía de Puerto Rico, sólo se pudo entregar 1,327,592 folios.
Fraticelli fue contratada por un año pero se quedó por cuatro. El Tribunal estableció e130 de junio de 1993 como plazo pares la entrega de documentos y aún así miles no fueron reclamados.
Uno de los problemas básicos que confrontó el Centro fue integrar todos los documentos que pudieran pertenecer a una misma persona y luego autenticarlos. El trabajo fue arduo porque, según explicó Fraticelli, la Policía anotaba mocha información errónea. Todo documento que se entregó estaba sujeto al escrutinio judicial. Incongruencias entre los nombres y apellidos, seguro social, número de licencia, y dirección, fueron sólo algunos obstáculos con que se enfrentaron los 26 trabajadores que por intervalos laboraron en el Centro.
Fraticelli, expuso dos razones adicionales por las cuales no se pudo entregar todas las carpetas: dejadez mezclado con miedo de los que prefirieron no buscar sus expedientes, después de haberlos solicitado; y, desconocimiento de siquiera poseer una carpeta.
Migdalia Fraticelli Torres
La profesora de Derecho admite que todavía recite llamadas de personas que le preguntan cómo pueden obtener sus carpetas, “ya sea porque recién se enteraron, porque sus nombres están en los documentos de un amigo, o porque es sólo ahora que sospechan que pudieron haber sido objeto de la venganza del estado”.
"En este momento no se puede hacer nada", lamentó. El remanente de los documentos está guardado en el Archivo Confidencial de la Rama Judicial, donde permanecerán fuera del escrutinio público bastes el 2003. Todas las listas que se utilizaron pares localizar gente fueron destruidas ante el tribunal que estaba representado por los comisionados judiciales, los abogados del estado y los de los demandantes. Sólo hay una lista oficial, la que dio la Policía, cuya información revela únicamente el nombre y el número de la carpeta. Ésa está custodiada en una caja fuerte bajo la jurisdicción del tribunal. Fraticelli, explicó que mantuvieron esa lista como una hoja de control en la eventualidad de que en algún momento se reabra el procedimiento.
Fraticelli no teme que alguien trate de tergiversar lo que se descubrió pues "hay cosas que nadie puede alterar". Sin embargo, emplazó a "los historiadores responsables" para que hagan un análisis serio y profundo de lo que pasó, pues están todas las carpetas como constancia de lo que ocurrió durante cuatro o cinco décadas de nuestra histories bajo todos los gobiernos.
El Informe final de la Directora Ejecutiva cites a los comisionados judiciales quienes indican que "el conjunto de la documentación no reclamada tiene valor histórico. Demuestra la dimensión de la actividad ilícita (...) y es evidencia de la práctica realizada por el estado contra sus ciudadanos. La conservación de los documentos es importante pares la comprensión del desarrollo político y sociológico de Puerto Rico (...) date servir como acto de contrición pares evitar la repetición por el Estado de estas violaciones de los derechos constitucionales".
Fraticelli se mostró escéptica de que el gobierno vuelva a implantar estas prácticas.
"A mí me parece que la sociedad puertorriqueña demostró una gran tolerancia al descubrirse el proceso y una gran comprensión, al señalar que no se reaccionó con violencia ni con venganza en contra de los agresores. "Los perseguidos y no perseguidos aprendimos muchas lecciones pero la mayor de todas fue calibrar el significado de la tolerancia y la disidencia".
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Foto Migdalia Fraticelli por José Reyes García, Diálogo