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Senador
Manuel Rodríguez Orellana solicita que el Senado de Puerto Rico
investigue carpeteo por parte de los federales
FUNDAMENTOS
DEL VOTO A FAVOR DE LA R DEL S 3063
Senador
Manuel Rodríguez Orellana
Portavoz
Partido Independentista Puertorriqueño
14
de marzo de 2000
Durante al menos medio siglo,
el gobierno de Puerto Rico cultivó la práctica de recopilar y
almacenar información sobre los individuos, grupos y organizaciones
vinculados con el movimiento independentista. Las resultantes carpetas
alimentadas frecuentemente con datos obtenidos a través de informantes
a menudo engañados, intimidados o coaccionados se utilizaron para
privar a miles de independentistas de oportunidades de empleo y estudio,
y aun para justificar acciones tales como arrestos ilegales. La
criminalización del independentismo por parte de los partidos que se
han alternado en el poder estigmatizó a muchos buenos puertorriqueños
y puertorriqueñas, causando daños que van más allá de lo que es
posible contabilizar o subsanar.
A través de la Orden Ejecutiva
Núm. 99-62 del 14 diciembre de 1999, el Gobernador Pedro Rosselló, a
nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, admitió que la
preparación de expedientes por la sola razón de identificación con
una ideología constituía una práctica corrupta y bochornosa. En esa
misma orden se provee un mecanismo para compensar a un sector limitado
de las personas afectadas por cinco décadas de carpeteo.
La preparación de expedientes
de independentistas, sin embargo, no ha sido una tarea emprendida
exclusivamente por las autoridades del gobierno de Puerto Rico. Un
memorando con fecha del 9 de mayo de 1978 dirigido a un alto funcionario
del gobierno de Estados Unidos del Consejo Doméstico de la Casa Blanca
revela que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas
en inglés) llevó a cabo cuando menos durante la década de 1960 una
vigorosa campaña en contra de organizaciones independentistas. Dicha
campaña incluía, desde el reclutamiento de informantes para documentar
la vida privada de los alegados subversivos, hasta la propagación de
falsedades a través de la prensa. Se revela además la interferencia
del FBI con procesos plebiscitarios y electorales.
Este documento ya ha salido a
la luz pública, y contiene apenas una somera relación de lo encontrado
en cerca de una docena de volúmenes compilados por el FBI en torno a la
vigilancia e investigación de independentistas en Puerto Rico. De
acuerdo al memorando, mucha de la información en los documentos
autorizados para ser examinados ha sido tachada, y se sospecha que todavía
existen documentos adicionales que permanecen ocultos y que prueban
todavía mayor intervención del FBI en actividades diseñadas para
socavar los intentos de autodeterminación de Puerto Rico. Más aún, el
memorando confirma las referencias encontradas en carpetas preparadas
por la policía de Puerto Rico, en las que se hace alusión a información
obtenida del FBI.
La existencia de un sistema
federal de carpetas contra puertorriqueños por causa de su ideología
fue admitida por Marlene Hunter, agente especial del FBI actualmente a
cargo de Puerto Rico y el Caribe, en declaraciones a un periódico de la
capital. A esto se suman los señalamientos, en el mismo artículo, del
Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, sobre el intercambio de
información entre el FBI y la Policía de Puerto Rico.
La erradicación de la nefasta
práctica del carpeteo, y el proceso de admisión y rectificación no
pueden estar completos sin la inclusión de los evidentes cómplices e
instigadores históricos: las autoridades federales. El gobierno de
Puerto Rico ha dado un primer paso al admitir su responsabilidad y al
pedir disculpas a las víctimas de tan deplorables acciones
gubernamentales.
Si bien no tenemos la facultad
jurídica para citar so pena de desacato a funcionarios federales, o el
poder en ley para exigir que provean legibles y sin adulterar los
documentos que evidencian décadas de persecución a aquellos
puertorriqueños y puertorriqueñas cuyo único delito ha sido luchar
por los mismos ideales de libertad e igualdad que una vez guiaron al
pueblo norteamericano, nos sobra la autoridad moral para requerirles que
ante los funcionarios electos de nuestro pueblo, comparezcan a revelar cómo,
en conjunto con autoridades locales, se dedicaron a interferir con el
derecho de un país a su libre determinación e independencia.
La persecución política
siempre obra en claro menosprecio de los derechos humanos. En Puerto
Rico ha causado daños a los independentistas y a la dignidad del
Pueblo. Hay que darle la oportunidad al gobierno de Estados Unidos para
que imite con un gesto de buena voluntad el proceso de sanación social
iniciado por el gobierno de Puerto Rico y demuestre un mínimo de
respeto y decoro ante la comunidad internacional.
Corresponde al Senado de Puerto
Rico, según se ha hecho en el ámbito gubernamental, asumir la tarea
justa y necesaria de investigar, indagar y documentar la participación
del FBI y de cualquier otra agencia del gobierno de los Estados Unidos
con las agencias de inteligencia del gobierno de Puerto Rico en la
preparación de expedientes a puertorriqueños por razón de sus vínculos
con los movimientos que persiguen la descolonización de nuestra patria.
De la misma manera que en el
ocaso del pasado milenio se inició ese tan necesitado proceso de
rectificación entre los nuestros, urge que en los albores de un nuevo
siglo enfrentemos la parte de la historia que aún resta por develar.
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